Hay una lista relativamente corta de actos donde la ley mexicana sí exige notario, sin espacio para atajos. Conocerla te ahorra idas innecesarias (o, peor, la sorpresa de que algo que hiciste sin notario no es válido).
Cualquier transmisión de propiedad de un bien inmueble debe formalizarse ante notario mediante escritura pública para poder inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.
El testamento público abierto, el más común, requiere notario. Es la única forma de que tu voluntad sobre tus bienes tenga plena validez después de tu fallecimiento.
La constitución de una hipoteca como garantía de un crédito para vivienda pasa siempre por notario.
Crear formalmente una empresa (S.A., S. de R.L., etc.) requiere acta constitutiva notariada, salvo algunas figuras simplificadas con reglas propias.
Un poder para actos de dominio (vender un inmueble a tu nombre, por ejemplo) requiere poder notarial; una carta poder simple no alcanza para este tipo de facultades amplias.
Igual que la compraventa, donar un inmueble también requiere escritura pública.
La gran mayoría de acuerdos cotidianos —renta, compraventa de bienes muebles, préstamos, servicios— no están en esta lista y pueden resolverse con un documento privado bien redactado y firmado.
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